La situación de los trabajadores de organismos nacionales en Formosa que pasaron a disponibilidad se vuelve cada vez más crítica. Muchos ya han dejado de percibir sus salarios, y ante la falta de respuesta de las vías administrativas, se han visto obligados a presentar amparos judiciales. Myriam Maza, abogada representante de algunos de estos trabajadores, dialogó con Radio La Nueva para visibilizar la compleja situación.

Maza explicó que todas las solicitudes presentadas por vía administrativa, como recursos de reconsideración y jerárquicos, no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. "Si bien es cierto que la administración en la normativa de procedimiento administrativo se contempla en silencio, esperábamos que en este caso, aunque sea por empatía y por los años de servicio que estas personas tenían, podrían haber contestado, pero no lo han hecho", lamentó la abogada. Ante este escenario, ya se ha presentado un amparo con una medida cautelar en el Juzgado Federal N° 2.

Desmantelamiento y Vacío Legal en los Organismos

La abogada señaló la "complejidad" de la situación, destacando un "desmantelamiento del Estado" que ha generado errores incluso en el proceso de "reorganización" que el gobierno denomina. Como ejemplo, mencionó que, al momento de presentar el amparo, se constató que no existe un decreto que elimine o haga desaparecer los Centros de Referencia (CDR), donde muchos de estos trabajadores prestaban servicio, y que en Formosa directamente dejaron de funcionar.

Los trabajadores afectados en Formosa, patrocinados por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (hoy Capital Humano), en áreas como la Secretaría de Adolescencia y Familias, cuentan con entre 17 y 19 años de servicio, lo que, según la Ley Nacional de Empleo, los convierte en personal de planta permanente. La situación de "disponibilidad" implica que el organismo debería, en un plazo determinado, ofrecerles la posibilidad de prestar servicio en otros lugares. Sin embargo, esto "no está ocurriendo".

Maza denunció el "incumplimiento de infinidad de normativas", incluyendo el Artículo 14 bis y el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, así como normativas internacionales y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueven la estabilidad y continuidad laboral. "Todos sabemos que detrás de un trabajador hay una familia que se queda sin el pan del día", enfatizó.

Falta de Comunicación y Despidos Inminentes

La abogada explicó que el Decreto 130/25, publicado el 14 de marzo, estableció que los trabajadores pasaban a situación de disponibilidad por seis meses (un plazo que, según Maza, debería ser de 12 meses). Sin embargo, la comunicación fue mínima y deficiente, con un simple correo electrónico y sin posibilidad de defensa. "Nunca pudieron ni siquiera defenderse, preguntar por qué o cuál era su situación. Jamás recibieron ningún tipo de información, le han cerrado todos los canales", aseveró.

La preocupación es extrema, ya que en septiembre se cumplirían los seis meses de disponibilidad y, según la normativa, al no resolverse su situación, quedarían directamente despedidos. Maza confirmó que esta situación ya se está dando en otros organismos nacionales, como Radio Nacional y Agricultura Familiar, donde los trabajadores directamente "ya no están percibiendo sus haberes".

La abogada recalcó que el amparo es la vía más oportuna ante la "vulneración de derechos" constitucionales, especialmente el derecho al trabajo, que considera fundamental para la dignidad de la persona y el funcionamiento del país. Subrayó el impacto social de estos despidos, especialmente en mujeres de cierta edad con años de servicio, para quienes reingresar al mercado laboral es "muchísimo más difícil".